Lunes 12 de Julio de 2010Siempre se dice que nuestro país cuenta con una gran cantidad de atributos que otros países no tienen la suerte de tener. Los recursos naturales se llevan casi todas las glorias, a partir de que la Argentina pueda encontrar en su territorio todo aquello por lo cual otros países deben pelear o negociar con otros países.
Uno de los puntos en donde más críticas aparecen es en la minería. Ese negocio tan lejano para los rafaelinos como para los habitantes de las provincias cordilleranas debe ser el negocio de la soja o de la lechería.
Pero, a diferencia de lo que sucediera con estos negocios zonales, en donde el Gobierno puso un pie, interviniendo directamente en el mercado, aquí las cosas resultaron completamente diferentes, consiguiendo los inversores externos apoyos políticos que llaman la atención.
Mientras la Argentina llegó al punto de tener un enfrentamiento diplomático con el vecino Uruguay por una posible contaminación de la pastera Botnia (actual UPM), nuestro país está dispuesto a recibir con los brazos abiertos a los inversores externos de la minería, con métodos de extracción que son cuestionados por más de una organización medioambiental.
El ojo de la tormenta se centra en la denominada "minería a cielo abierto", esto es el proceso de explotación minera que no es realizado en galerías subterráneas, sino en la superficie de la tierra.
Para sacar los minerales de estos yacimientos, se remueve gran cantidad de tierra con maquinaria y explosivos, creando inmensos cráteres que pueden llegar a ocupar más de 100 hectáreas y normalmente alcanzan de 200 metros a 800 metros de profundidad (En Rusia hay una mina a cielo abierto de diamantes que llegó a los 1200 metros). A menudo se construyen rampas en forma de espiral para que puedan subir los camiones con el mineral desde el fondo del yacimiento. Los cráteres se agrandan cada vez más, hasta que la empresa deja de explotar el yacimiento por considerar que ya no resulta rentable.
Las denuncias afirman que esta actividad destruye ecosistemas a lo largo de kilómetros, además, para separar los minerales valiosos del resto, se utilizan químicos venenosos que se esparcen por el ambiente, provocando todo tipo de envenenamientos (por metales pesados, arsénico o cianuro) y enfermedades.
También existe el peligro de los gases que se liberan durante los procesos de minería y del conocido "drenaje ácido" (la acidificación del agua).
En nuestro país, la explotación minera comenzó en la década de los noventa, por parte de empresas extranjeras concesionarias. Actualmente se halla en expansión y mueve grandes cantidades de dinero, de las cuales el estado recibe el 3%.
La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner no ha dudado en reunirse en más de una ocasión con los grandes empresarios del sector. La última reunión se dio en Toronto, previo al encuentro con sus pares del G20.
No estuvo sola: la acompañaron los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Luis Beder Herrera (La Rioja), Walter Barrionuevo (Jujuy) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). El encuentro se dio con las principales caras de la Barrick Gold. Su poder es tan grande que tuvo como asesor al ex presidente de Estados Unidos George Bush padre.
Ahora, legisladores nacionales pretenden que la Justicia indague en la relación que funcionarios oficialistas y hasta la propia Presidenta de la Nación tienen con la empresa minera Barrick, cuestionada por la oposición por ser la beneficiaria a medida del veto a la ley de Glaciares, aprobada en 2008.
También los diputados requieren se investigue al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, quien cuenta con una participación accionaria del 15% en la empresa proveedora minera Millston, la que comparte dirección postal en la ciudad de Buenos Aires con Barrick Exploraciones.
Los legisladores solicitan además conocer el acuerdo tributario firmado entre Chile y Argentina, al que no han tenido acceso a pesar de varios pedidos de informes requeridos. Y saber lo que está estipulado allí, donde se han logrado beneficios impositivos para la minera Barrick para explotar Pascua-Lama, un emprendimiento binacional entre Chile y Argentina, ubicado en la provincia de San Juan.
La ley de Glaciares tendrá tratamiento en Diputados esta semana, cuando esa Cámara insistirá en el proyecto original, llamado hoy "ley Bonasso" pero que es de autoría de la ex legisladora Marta Maffei.
Es un negocio enorme, pero al cual casi no le prestamos atención, pese a que los productos de la Lumbrera pasan por nuestra ciudad vía ferrocarril. Habrá que mirar y prestar atención, y también preguntarnos por qué no hay una resolución 125 para este sector.
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