16/07/2010
Así lo manifestó el reconocido ambientalista Javier Rodríguez Pardo. Reclaman que se derogue el Código de Minería y alertan sobre los negocios entre los gobernadores provinciales y las multinacionales mineras.
El reconocido ambientalista Javier Rodríguez Pardo, de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), afirmó que, pese al reciente proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, no se podrá evitar que las grandes mineras continúen haciendo daño.
En declaraciones a BBC Mundo afirmó:"En tanto siga rigiendo el actual Código de Minería, quienes deberán determinar si se están cometiendo abusos son las autoridades provinciales, y ellos tienen convenios con las propias mineras".
La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves una iniciativa de ley para proteger los glaciares. La ley básicamente retoma un texto que fue vetado en el 2008 por el Ejecutivo, pero incorpora elementos de una propuesta paralela presentada por el senador oficialista Daniel Filmus.
Los cambios, sin embargo, no fueron suficientes para conseguir el apoyo del oficialismo, lo que hizo que los debates sobre la ley se extendieran por más de 8 horas. Al final, la iniciativa fue aprobada con 129 votos a favor y 86 en contra. Ahora tendrá que ser discutida por el Senado.
La ley prevé sanciones para quienes generen daños al medio ambiente en zonas glaciares. También contempla la realización de un inventario nacional de hielos, que permitiría delimitar qué zonas deben ser protegidas.
El proyecto de ley fue impulsado por el diputado Miguel Bonasso, titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja.
Un vocero de Bonasso le dijo a BBC Mundo que el nuevo proyecto de ley presentado por el legislador es una versión "ampliada y mejorada" de una propuesta que el Congreso aprobó por unanimidad en 2008.
Pero, tras su aprobación legislativa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la vetó, afirmando que debía votarse una nueva ley "superadora" de aquella sancionada.
Para la oposición el motivo de la decisión presidencial fue claro: apodaron la medida el "veto Barrick", en referencia a la minera canadiense Barrick Gold, que había firmado un contrato con el gobierno argentino en 2006 para instalar la mina Pascua Lama en la cordillera de los Andes.
El proyecto, compartido con Chile, prevé una inversión de US$2.400 millones y consiste en una explotación de oro, plata y cobre a cielo abierto sobre el límite binacional, a la altura del Valle del Huasco en Chile y la provincia argentina de San Juan.
Según Rodríguez Pardo, el proyecto afectará cuatro importantes glaciares de superficie del lado chileno, y unos 40 glaciares de roca, además de otras formaciones de agua, del lado argentino.
Por su parte, Karina Quispe, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió sobre los riesgos de la explotación minera en una zona de glaciares.
"Cualquier alteración al ecosistema podría poner en peligro la fuente de agua dulce en la región", señaló a BBC Mundo.
Según los impulsores de la ley, algunos gobernadores de provincias mineras son dueños de empresas que abastecen a las mineras multinacionales.
Los ecologistas también se quejan por la contaminación visual que genera el polvo de roca y por las molestias auditivas y visuales de un yacimiento de enorme tamaño.
Sin embargo, del otro lado de la vereda están quienes sostienen que estos emprendimientos traen enormes riquezas y puestos de trabajo a las provincias.
Por su parte, la compañía Barrick -que es la explotadora de oro más grande del mundo-, aseguró en el pasado a BBC Mundo que "la empresa se va a ajustar cien por ciento a las condiciones expuestas por las autoridades chilenas y argentinas en la aprobación del proyecto".
Más allá de la aprobación de una Ley de Protección de los Glaciares -que todavía tiene que ser avalada en el Senado-, está previsto que Pascua Lama comience a funcionar en 2011.
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