Una nueva causa judicial (otra más...) involucra al lobbie minero que promueven políticamente la Presidente Cristina Fernández y el Gobernador José Luis Gioja, junto a sus hermanos César Ambrosio y Juan Carlos.
En efecto, los diputados nacionales Miguel Ángel Bonasso, Fernanda Reyes y Elisa Carrió presentaron en los Tribunales de Comodoro Py una denuncia formal ante el Juez Marcelo Martínez De Giorgi para que el Gobierno Nacional difunda un acuerdo que firmó con Barrick Gold en donde se conceden importantes ventajas positivas (¿¿más todavía??) a la empresa minera de origen canadiense.
La Diputada Fernanda Reyes dijo a Clarín que han solicitado a la Justicia que investigue a fondo la relación entre Barrick Gold y funcionarios nacionales. Señaló a Mayoral y a Gioja por ser propietarios de empresas que trabajan con la gigantesca empresa minera transnacional.
Bonasso, de Diálogo por Buenos Aires, apuntó contra el Secretario de Minería de la Nación (y empresario minero) Jorge Mayoral afirmando "esta probada el vínculo del secretario de Minería, Jorge Mayoral, con Barrick, a través de la firma Milestone, en la que el funcionario tiene el 15% de acciones y directores cruzados con la minera canadiense". Asimismo, habló de graves irregularidades de la declaración de impacto ambiental que Barrick hizo en Pascua Lama. Respecto al Gobernador de San Juan y sus hermanos, Bonasso denunció que "Los Gioja son socios minoritarios de la Barrick"; volvió a insistir en que la empresa Bentonita Santa Gema, propiedad del Senador César Gioja, se vanagloriaba de ser "proveedora de la Barrick".
El Diputado Nacional Fernando "Pino" Solanas también se quejó por el encuentro en Canadá de la titular del Ejecutivo Nacional con Munk sobre lo que declaró “Sabemos muy bien que dicha empresa, así como otras megamineras, explotan nuestros recursos naturales mediante técnicas completamente contaminantes, y que desarrollan una verdadera depredación de los recursos argentinos”.
Sin espacio en la prensa sanjuanina debido a sus constantes críticas a Gioja, Alfredo Avelín Nollens comentó a Diario Clarín "Tengo pesar que la Presidenta se deje manipular por el principal lobbista de las empresas mineras que trabajan en el país José Luis Gioja; se llevan todo, contaminan el presente y comprometen el futuro de nuestros hijos y no nos dejan nada. Sería importante que Cristina Fernández de Kirchner mirara hacia adentro del país y no hacia fuera. En vez de pedirle al campo las retenciones imposibles de pagar, haga leyes que impidan el ultraje y la contaminación que las mineras hacen a nuestro país, el 3% de retenciones para el campo y el 50% para las mineras".
Acerca de las acusaciones en su contra, Barrick se defendió en San Juan a través de un comunicado que la corrupta prensa local se encargó de difundir, en donde se consigna que "En Barrick no efectuamos comentarios sobre procesos judiciales en marcha. Sólo queremos remarcar que todas nuestras operaciones se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente y que nuestra gestión ambiental está certificada bajo estándares internacionales, como las normas ISO 14001 y el Código Internacional del Manejo del Cianuro".
Por su parte, el Senador Nacional César Gioja y ya lanzado como precandidato a Gobernador de San Juan, aseguró a Diario de Curro que pedirá su sobreseimiento de la causa que se originó por la denuncia de los legisladores opositores entendiendo que su empresa "nunca fue proveedora de la Barrick" y que todo ésto se trata de una "operación mediática de la que no existe fundamento".
Esta nueva denuncia judicial tuvo origen en el encuentro que la Presidente Fernández tuvo en Canadá junto al CEO de la Barrick Peter Munk junto a gobernadores argentinos y empresarios mineros en el marco de la Cumbre del Grupo G-20. Allí se vieron todos muy sonrientes, especialmente los empresarios que se complacieron a escuchar a la primera mandataria argentina que prometió no se iba a modificar el escandaloso regimen impositivo que rige para las empresas mineras y que perjudica claramente al país. Luego de dicho encuentro, la Presidente dijo a los periodistas con una sonrisa de oreja a oreja "lo único que hicieron es felicitarme"; tantas palmadas sobre el lomo de la Jefe de Estado se entienden en el sentido de que ella aseguró a los inversores que no se modificará el regimen tributario para las empresas mineras.
Todo este debate tiene como trasfondo el proyecto de la nueva Ley de Protección de Glaciares que se está impulsando en el Congreso de la Nación, el cual tiene muy nerviosos a los Hermanos Gioja y a las empresas mineras transnacionales que, de sancionarse, pondría en jaque las explotaciones mineras vigentes como así también las exploraciones que están proyectadas en el corto y el mediano plazo.
Haciendo un poco de memoria, en el año 2007, la entonces Diputada Nacional Martha Maffei presentó un proyecto con el noble objeto de proteger los glaciares como reservas naturales de agua, prohibiendo cualquier tipo de actividad industrial en sus adyacencias para evitar cualquier riesgo de contaminación. En lo que fue algo inédito en el Legislativo Nacional, esa iniciativa obtuvo un abrumador apoyo en ambas Cámaras del Congreso, tanto del oficialismo como de la oposición: se sancionó la Ley 24.418. Todo se encaminaba en los carriles normales hasta que entró en escena José Luis Gioja intercediendo ante la Presidente Fernández en nombre de las empresas mineras vinculadas en distintas explotaciones en Argentina porque interpretaban que esa Ley perjudicaba "el desarrollo económico de las Provincias".
Debido a presiones de los capitales mineros y a las "sugerencias" del Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, la Sra. Fernández finalmente vetó la Ley de Glaciares desorientando a propios y extraños en lo que fue un claro guiño a Barrick y a los Gioja que respiraron aliviados. Miguel Bonasso bautizó a ese episodio poco feliz como "El veto de la Barrick Gold".
Con el tiempo, se ha vuelto a trabajar en una nueva Ley de Protección de Glaciares que nuevamente amenazaría el festín de Gioja & Asociados. Ante esta nueva ofensiva, Jorge Mayoral se encargó de cerrar filas y convocó a representantes de los gobiernos de ocho provincias andinas para que suscriban un acuerdo para que se comprometan a confeccionar sus propias normativas en cuanto a glaciares y minería. En el caso de San Juan, el Gobierno Provincial movió sus piezas ágilmente: la Legislatura Provincial, de amplísima mayoría giojista, elaboró, votó y sancionó en tiempo record una Ley sobre Glaciares con el objeto de cubrirse ante una eventual avanzada a nivel nacional.
Eduardo Mauricio Ibarra, Diputado Nacional por el peronismo disidente, analizó la controversia sosteniendo "Gioja está más preocupado en extender la zona de explotación que en cuidar los glaciares". Ante semejante atrevimiento por criticar al Gobernador, el Jefe de Asesores del primer mandatario provincial Guillermo De Sanctis dijo "Ibarra no puede hacer un vedetismo a costa de los intereses sanjuaninos. No se puede hacer tampoco una oposición politiquera porque diferenciarse de esta forma es hacer politiquería. No puede ser tan antisanjuanino con tal de oponerse a Gioja (Sr. De Sanctis: ¿acaso criticar a Gioja es ir en contra de San Juan?) Que él haga política y sea opositor, tiene derecho, pero no a costa de los intereses de todos los sanjuaninos. Negarle a San Juan su facultad legislativa y decir que lo tiene que hacer la Nación es violar la autonomía federal de la provincia".
La minería sigue siendo un tema polémico en esta Provincia. Lo más lamentable del caso es que quienes se animan a alzar sus voces para criticar son rápidamente tildados de ignorantes, de malintencionados, de contrarios a "los intereses de San Juan". Con el pretexto del federalismo, se busca abortar cualquier iniciativa para preservar las reservas naturales de agua dulce que nos ha provisto la Naturaleza. No es ético que políticos como César Gioja y Jorge Mayoral que, siendo empresarios que se benefician con la extracción de minerales, defienden al sector minero. Los sanjuaninos, los argentinos somos testigos de cómo se pone por encima los intereses de un sector empresario que explota recursos no renovables y que poco y nada deja en las arcas fiscales.
ASAMBLEA DE SOCIOS EN CANADÁ.
De izquierda a derecha, el secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral; el ministro de Economía de la Nación Amado Boudou (semitapado); el gobernador de Salta Jorge Urtubey; el gobernador de La Rioja Luis Beder Herrera; el socio fundador de Barrick Peter Munk; la Presidente Cristina Fernández, el gobernador de Jujuy Walter Barrionuevo y el gobernador sanjuanino José Luis Gioja.
De izquierda a derecha, el secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral; el ministro de Economía de la Nación Amado Boudou (semitapado); el gobernador de Salta Jorge Urtubey; el gobernador de La Rioja Luis Beder Herrera; el socio fundador de Barrick Peter Munk; la Presidente Cristina Fernández, el gobernador de Jujuy Walter Barrionuevo y el gobernador sanjuanino José Luis Gioja.
En efecto, los diputados nacionales Miguel Ángel Bonasso, Fernanda Reyes y Elisa Carrió presentaron en los Tribunales de Comodoro Py una denuncia formal ante el Juez Marcelo Martínez De Giorgi para que el Gobierno Nacional difunda un acuerdo que firmó con Barrick Gold en donde se conceden importantes ventajas positivas (¿¿más todavía??) a la empresa minera de origen canadiense.
La Diputada Fernanda Reyes dijo a Clarín que han solicitado a la Justicia que investigue a fondo la relación entre Barrick Gold y funcionarios nacionales. Señaló a Mayoral y a Gioja por ser propietarios de empresas que trabajan con la gigantesca empresa minera transnacional.
Bonasso, de Diálogo por Buenos Aires, apuntó contra el Secretario de Minería de la Nación (y empresario minero) Jorge Mayoral afirmando "esta probada el vínculo del secretario de Minería, Jorge Mayoral, con Barrick, a través de la firma Milestone, en la que el funcionario tiene el 15% de acciones y directores cruzados con la minera canadiense". Asimismo, habló de graves irregularidades de la declaración de impacto ambiental que Barrick hizo en Pascua Lama. Respecto al Gobernador de San Juan y sus hermanos, Bonasso denunció que "Los Gioja son socios minoritarios de la Barrick"; volvió a insistir en que la empresa Bentonita Santa Gema, propiedad del Senador César Gioja, se vanagloriaba de ser "proveedora de la Barrick".
El Diputado Nacional Fernando "Pino" Solanas también se quejó por el encuentro en Canadá de la titular del Ejecutivo Nacional con Munk sobre lo que declaró “Sabemos muy bien que dicha empresa, así como otras megamineras, explotan nuestros recursos naturales mediante técnicas completamente contaminantes, y que desarrollan una verdadera depredación de los recursos argentinos”.
Sin espacio en la prensa sanjuanina debido a sus constantes críticas a Gioja, Alfredo Avelín Nollens comentó a Diario Clarín "Tengo pesar que la Presidenta se deje manipular por el principal lobbista de las empresas mineras que trabajan en el país José Luis Gioja; se llevan todo, contaminan el presente y comprometen el futuro de nuestros hijos y no nos dejan nada. Sería importante que Cristina Fernández de Kirchner mirara hacia adentro del país y no hacia fuera. En vez de pedirle al campo las retenciones imposibles de pagar, haga leyes que impidan el ultraje y la contaminación que las mineras hacen a nuestro país, el 3% de retenciones para el campo y el 50% para las mineras".
Acerca de las acusaciones en su contra, Barrick se defendió en San Juan a través de un comunicado que la corrupta prensa local se encargó de difundir, en donde se consigna que "En Barrick no efectuamos comentarios sobre procesos judiciales en marcha. Sólo queremos remarcar que todas nuestras operaciones se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente y que nuestra gestión ambiental está certificada bajo estándares internacionales, como las normas ISO 14001 y el Código Internacional del Manejo del Cianuro".
Por su parte, el Senador Nacional César Gioja y ya lanzado como precandidato a Gobernador de San Juan, aseguró a Diario de Curro que pedirá su sobreseimiento de la causa que se originó por la denuncia de los legisladores opositores entendiendo que su empresa "nunca fue proveedora de la Barrick" y que todo ésto se trata de una "operación mediática de la que no existe fundamento".
Esta nueva denuncia judicial tuvo origen en el encuentro que la Presidente Fernández tuvo en Canadá junto al CEO de la Barrick Peter Munk junto a gobernadores argentinos y empresarios mineros en el marco de la Cumbre del Grupo G-20. Allí se vieron todos muy sonrientes, especialmente los empresarios que se complacieron a escuchar a la primera mandataria argentina que prometió no se iba a modificar el escandaloso regimen impositivo que rige para las empresas mineras y que perjudica claramente al país. Luego de dicho encuentro, la Presidente dijo a los periodistas con una sonrisa de oreja a oreja "lo único que hicieron es felicitarme"; tantas palmadas sobre el lomo de la Jefe de Estado se entienden en el sentido de que ella aseguró a los inversores que no se modificará el regimen tributario para las empresas mineras.
Para los Gioja, el agua no vale más que el oro
Todo este debate tiene como trasfondo el proyecto de la nueva Ley de Protección de Glaciares que se está impulsando en el Congreso de la Nación, el cual tiene muy nerviosos a los Hermanos Gioja y a las empresas mineras transnacionales que, de sancionarse, pondría en jaque las explotaciones mineras vigentes como así también las exploraciones que están proyectadas en el corto y el mediano plazo.
Haciendo un poco de memoria, en el año 2007, la entonces Diputada Nacional Martha Maffei presentó un proyecto con el noble objeto de proteger los glaciares como reservas naturales de agua, prohibiendo cualquier tipo de actividad industrial en sus adyacencias para evitar cualquier riesgo de contaminación. En lo que fue algo inédito en el Legislativo Nacional, esa iniciativa obtuvo un abrumador apoyo en ambas Cámaras del Congreso, tanto del oficialismo como de la oposición: se sancionó la Ley 24.418. Todo se encaminaba en los carriles normales hasta que entró en escena José Luis Gioja intercediendo ante la Presidente Fernández en nombre de las empresas mineras vinculadas en distintas explotaciones en Argentina porque interpretaban que esa Ley perjudicaba "el desarrollo económico de las Provincias".
Debido a presiones de los capitales mineros y a las "sugerencias" del Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, la Sra. Fernández finalmente vetó la Ley de Glaciares desorientando a propios y extraños en lo que fue un claro guiño a Barrick y a los Gioja que respiraron aliviados. Miguel Bonasso bautizó a ese episodio poco feliz como "El veto de la Barrick Gold".Con el tiempo, se ha vuelto a trabajar en una nueva Ley de Protección de Glaciares que nuevamente amenazaría el festín de Gioja & Asociados. Ante esta nueva ofensiva, Jorge Mayoral se encargó de cerrar filas y convocó a representantes de los gobiernos de ocho provincias andinas para que suscriban un acuerdo para que se comprometan a confeccionar sus propias normativas en cuanto a glaciares y minería. En el caso de San Juan, el Gobierno Provincial movió sus piezas ágilmente: la Legislatura Provincial, de amplísima mayoría giojista, elaboró, votó y sancionó en tiempo record una Ley sobre Glaciares con el objeto de cubrirse ante una eventual avanzada a nivel nacional.
Eduardo Mauricio Ibarra, Diputado Nacional por el peronismo disidente, analizó la controversia sosteniendo "Gioja está más preocupado en extender la zona de explotación que en cuidar los glaciares". Ante semejante atrevimiento por criticar al Gobernador, el Jefe de Asesores del primer mandatario provincial Guillermo De Sanctis dijo "Ibarra no puede hacer un vedetismo a costa de los intereses sanjuaninos. No se puede hacer tampoco una oposición politiquera porque diferenciarse de esta forma es hacer politiquería. No puede ser tan antisanjuanino con tal de oponerse a Gioja (Sr. De Sanctis: ¿acaso criticar a Gioja es ir en contra de San Juan?) Que él haga política y sea opositor, tiene derecho, pero no a costa de los intereses de todos los sanjuaninos. Negarle a San Juan su facultad legislativa y decir que lo tiene que hacer la Nación es violar la autonomía federal de la provincia".
La minería sigue siendo un tema polémico en esta Provincia. Lo más lamentable del caso es que quienes se animan a alzar sus voces para criticar son rápidamente tildados de ignorantes, de malintencionados, de contrarios a "los intereses de San Juan". Con el pretexto del federalismo, se busca abortar cualquier iniciativa para preservar las reservas naturales de agua dulce que nos ha provisto la Naturaleza. No es ético que políticos como César Gioja y Jorge Mayoral que, siendo empresarios que se benefician con la extracción de minerales, defienden al sector minero. Los sanjuaninos, los argentinos somos testigos de cómo se pone por encima los intereses de un sector empresario que explota recursos no renovables y que poco y nada deja en las arcas fiscales.
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