El viceministro de Trabajo, licenciado Julio Sanz, informó que ese Ministerio ha venido impulsando acciones que garanticen el cumplimiento de la libertad sindical, en el caso del conflicto producido entre los sectores empleador y trabajador de Graña y Montero, contratista de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, tras la huelga iniciada por empleados de esta empresa, en reclamo de reivindicaciones laborales y reposición de trabajadores cancelados.
“Desde el momento mismo del inicio de esta situación, de la que el Ministerio de Trabajo tomó conocimiento el 27 de mayo de este año, según consta en el expediente depositado en la representación local de Cotuí, iniciamos acciones dirigidas a hacer valer el cumplimiento del Código de Trabajo y las convenciones internacionales de las que somos signatarios”, dijo Sanz.
Las declaraciones del Ministro de Trabajo en Funciones se producen en momentos en que los trabajadores y empleadores arribaron a acuerdos con miras a solucionar el impasse producido, y en el que los primeros demandaban el cumplimiento del Artículo 392 del Código Laboral y siguientes.
El que según explica prohíbe al empleador ejercer el desahucio en perjuicio del trabajador protegido por el fuero sindical, y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Libertad Sindical.
Entre los acuerdos arribados se encuentran el aumento de salario del 10%; el pago de bonos de altura y producción e inclusión en el seguro de salud, entre otros.
Las primeras acciones emanadas del Ministerio de Trabajo para garantizar los derechos de los trabajadores incluyen el acompañamiento en todo el proceso del Servicio de Inspectoría, el acta de apercibimiento y multa, producida por el desahucio del trabajador Julio Antonio Rojas, quien a su vez es el secretario general del Sindicato de Rama de la Construcción, y quien dirigiera el pliego de demandas a la empresa Graña y Montero.
Asimismo, el posterior sometimiento a la justicia de Graña y Montero, que ejerce como contratista de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, en la que la Barrick Gold participa como accionista mayoritaria.
Los inspectores asignados a la representación local de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, continuarán haciendo visitas a las instalaciones de la empresa, con miras de garantizar la solución total del conflicto y el cumplimiento de lo pactado entre trabajadores y empleadores.
“Con estas medidas garantizamos el cumplimiento de la ley y los convenios internacionales, así como el sostenimiento de los valores que han identificado el diálogo social impulsado desde el Ministerio de Trabajo”, dijo Sanz.
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