Julio 19, 2010
Bajo el nombre “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar”, resumido en “Ley de glaciares”, dará comienzo un debate que excede las bellísimas áreas de hielo para abrir otras discusiones:, ¿qué tipo de intervención extractiva, productiva, debe darse la Argentina sobre sus recursos naturales?
Pero además, ¿existe corrupción en el vínculo entre las empresas mineras, la Secretaría de Minería de la Nación y las distintas administraciones provinciales?
“Lo que estamos discutiendo no es una a cuestión paisajística o menor, sino una concepción férreamente ecologista frente a una posición desarrollista. Ahora vamos a ver de qué lado está la patria y de qué lado está la colonia”, desafió el diputado Miguel Bonasso en la sesión del último miércoles en Diputados.
El tema tomó gran visibilidad cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó en 2008 la ley de glaciares conocida como ley Bonasso, quien volvió a la carga con su proyecto, en este caso con un precario acuerdo con el kirchnerismo que quedó al borde la ruptura en la última sesión.
Pero la novedad es que Cristina hizo saber que esta vez “no vetará la nueva ley sea cual fuere su contenido”.
Impulsada por aquellas provincias —San Juan y Catamarca, las principales—, el avance de la inversión y explotación minera a gran escala continúa con viento a favor, y cuenta con el explícito aval de la cúpula kirchnerista. Por si quedaba alguna duda, basta con ver la foto que le concedió la propia primera mandataria argentina al presidente de la Barrick Gold, en su reciente viaje a Canadá.
Por su parte, Héctor Tomas, sanjuanino, oficialista y presidente de la comisión de minería en Diputados, le contestó a Bonasso con una pregunta : “¿Cómo quieren que desarrollemos nuestra provincia si el 80% son montañas?. Nosotros no podemos cultivar soja. Queremos proteger nuestros glaciares pero también queremos nuestra producción de la provincia”.
La discusión en el Congreso
La remozada ley de glaciares surgió de una convergencia de su proyecto original con otro que proviene del Senado y cuenta con media sanción, impulsada por el oficialista Daniel Filmus.
Luego de negociaciones, ambos proyectos se complementaron y mejoraron mutuamente, pero horas antes de llegar al recinto los diputados oficialistas —y no oficialistas— de las provincias mineras le retiraron el apoyo “y pidieron más tiempo para estudiarlo”.
Agustín Rossi fue el encargado de pedir 14 días pero la oposición olfateó una maniobra, no le concedió las dos semanas y avanzó con la media sanción en general. Sin embargo, la media sanción de todos modos no se concretó porque en plena madrugada, y en la votación en particular, la alianza opositora sufrió desgajamientos, y sin el aval oficial, se quedó sin quórum. La sesión cayó.
Cuestión ecológica
La concepción ecologista dispara contra la minería a cielo abierto por el impacto ambiental que provoca, en especial por lo millones de litros de agua dulce que diariamente utiliza en los procesos productivos. Sin embargo, representantes de la provincia, como el diputado Juan Carlos Gioja, contesta: “En muchos lugares de San Juan llueven 100 milímetros por año, ¿alguien puede creer que si fuera cierto que nos están envenenando el agua en esa escala los sanjuaninos lo permitiríamos?, no somos una sociedad suicida”.
Rossi se quejó de la posición excesivamente preservacionista cuando dijo: “Es muy fácil decirle no a la minería a cielo abierto que utiliza cianuro, pero debe ser muy difícil prohibir, por ejemplo, la fumigación de los campos de soja por vía aérea. Digo esto porque todos los problemas de contaminación que tenemos en la Pampa Húmeda como consecuencia del uso de insecticidas y herbicidas no los hemos vistos reflejados en ninguna iniciativa parlamentaria”.
Con información de La Capital
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