jueves 15 de julio de 2010
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Bonasso y Filmus acordaron un texto unificado para la ley de Protección y quisieron imponerlo en la sesión de ayer. Oficialistas y opositores de las provincias involucradas rechazaron el proyecto "consensuado". Los gobernadores avanzan con sus propias normas.
Denuncias de corrupción, turbios vínculos con las empresas mineras, coimas, sospechas y más sospechas. La discusión por la nueva ley de Glaciares recrudeció en las últimas semanas, especialmente luego de que la presidenta Cristina Fernández se reuniera con el CEO de la minera canadiense Barrick Gold, Peter Munk. Pero ayer estalló cuando se supo que el impulsor del proyecto más restrictivo, Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), y el oficialista Daniel Filmus, que impulsaba otra iniciativa más light que ya tiene media sanción del Senado, se pusieron de acuerdo para discutir en la sesión de ayer una ley “consensuada”.
La reacción de los legisladores no se demoró: las críticas por ese presunto acuerdo llegaron de oficialistas y opositores, fundamentalmente aquellos que provienen de provincias relacionadas a la actividad minera. Al cierre de esta edición las discusiones continuaban y se especulaba con la media sanción para la iniciativa.
La polémica se generó desde el inicio mismo de la sesión en la Cámara baja, cuando se supo que durante la noche del martes Filmus y Bonasso se habían puesto de acuerdo para presentar un proyecto unificado. El jefe de la bancada K, Agustín Rossi, pidió que la discusión se postergue dos semanas para que todos pudieran ver el “nuevo” proyecto. El rechazo de la oposición fue rotundo. Elisa Carrió (Coalición Cívica) apuntó que “es evidente el lobby de la Barrick”. “Voy a darles una primicia, acabamos de recibir la llamada de Filmus (estaba en pleno debate por el matrimonio homosexual) diciendo que en principio pensaba apoyar la propuesta de demorar quince días, pero dijo que si me rehusara él mantiene los términos del acuerdo” alcanzado el martes, enfatizó Bonasso.
Sin embargo, la llamada de Filmus estuvo lejos de calmar a los legisladores. El acuerdo “histórico” al que hizo referencia Bonasso estuvo lejos de ser considerado así. Las críticas durante el debate fueron fortísimas y entrada la madrugada aún continuaba el debate.
Por otra parte, el presunto acuerdo también estuvo teñido por las suspicacias. Es que la Presidenta, según algunas versiones que circulan desde hace tiempo, ya indicó a los gobernadores cordilleranos que elaboren sus propias leyes para regular la explotación minera que, lógicamente, serán más blandas que la nacional (en caso de que se apruebe).
Uno de los que denunció esta “estrategia” fue el líder de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, quien en diálogo con Hoy señaló que el kirchnerismo acordó votar un proyecto común para “no vivir la derrota de oponerse al proyecto e, incluso, ser derrotado en la votación”. En esa línea, el diputado nacional subrayó que “en realidad ya se arregló que se voten leyes de protección de los glaciares a piacere de las provincias asociadas a las corporaciones”. La denuncia no está basada en presunciones: esta operación ya comenzó. De hecho, ayer San Juan aprobó su propia ley (ver aparte) y ya lo habían hecho La Rioja y Jujuy.
Oscuras relaciones y denuncias penales
Los nombres signados por la oposición (y a diferencia de muchas otras veces esto consta en una denuncia penal y no es sólo una denuncia “declarativa”) en las maniobras turbias son varios. Resaltan el de los hermanos Gioja (José Luis, gobernador de San Juan, y César, senador nacional) y el del secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral.
En la denuncia presentada por los diputados Miguel Bonasso, Elisa Carrió y María Fernanda Reyes se especifica que el Gioja senador es propietario de la firma Bentonitas Santa Gema. Cuando se supo este “pequeño” detalle la oposición lo fustigó para que renunciara a la presidencia de, casualmente, la comisión de Minería hasta que lo consiguió. La cosa no termina allí: en la página de internet de su empresa figura que Bentonitas es proveedora de, también casualmente, Barrick Gold, la firma que se benefició notablemente con el veto a la Ley de Glaciares que oportunamente hiciera Cristina en 2008.
Mayoral no se queda atrás. El funcionario tiene participación en las mineras Micas Argentinas SRL, Minvail SA y Millstone SA. Además, tiene un 15% de la firma Millstone SA, cuyo domicilio, casualmente, coincide con el de Barrick Exploraciones. Demasiadas casualidades.
San Juan avanzó en su propia ley
La Legislatura de San Juan aprobó ayer por unanimidad el proyecto enviado por el Ejecutivo sobre la protección de los glaciares en territorio provincial, en un trámite similar al que concretaron en las últimas semanas los parlamentos de La Rioja y Jujuy.
La norma aprobada en San Juan prohibe “la destrucción o el traslado de los glaciares incluidos dentro del Inventario Provincial de Glaciares”, que también creó la ley sancionada. En lo referido al tipo de actividades permitidas o no en zona de glaciares, la ley es genérica y todo queda sujeto, como lo especifica uno de sus artículos, al “procedimiento de evaluación de impacto ambiental, conforme a la normativa vigente”.
También esta ley creó el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares integrado por distintas áreas de Gobierno, incluidas las de Minería y Medio Ambiente y una representación de la función legislativa a través de diputados de cada una de las fuerzas políticas que integran la Cámara.
La ley fue votada por unanimidad en la Legislatura, integrada por la mayoría justicialista y un par de senadores del Frente para el Cambio, una línea escindida del PJ. El principal fundamento para el surgimiento de estas leyes provinciales, acordadas por los gobierno de provincias andinas, es que el artículo 124 de la Constitución Nacional consigna que “todos los Recursos Naturales incluidos los glaciares son del dominio de aquella provincia en cuyo territorio se encuentren”.
En lo referido al inventario de glaciares, la tarea está avanzada, puesto que la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan presentó el resultado de un relevamiento preliminar de glaciares superficiales. El informe señaló que San Juan tiene más de “30.000 hectáreas de glaciares superficiales -masas de hielo visibles-, distribuidos en unos 1.227 glaciares descubiertos superiores a una hectárea, aunque se identificaron 1.780 cuerpos de hielo descubierto”.
Pascua Lama, el eje
Pascua Lama es la vedette dentro de los proyectos de Barrick Gold. Esta explotación se encuentra dentro de la provincia de San Juan, pero se enmarca dentro de un escandaloso acuerdo bilateral firmado en la década del ‘90 entre los entonces presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei. Allí, ambos gobiernos acordaron, básicamente, que la frontera establecida por la Cordillera de Los Andes para las multinacionales mineras no existe. “Eso fue ignominioso. Es una vergüenza que se haya firmado un tratado así”, rememoró el líder de Proyecto Sur, Pino Solanas, quien entendió que gran parte de lo que ocurre hoy es responsabilidad de las políticas neoliberales de aquella época.
Los Kirchner, que tanto despotrican del ex presidente riojano, sacaron provecho de ese acuerdo. En abril del año pasado, Cristina recibió en la Casa de Gobierno a Peter Munk, titular de Barrick Gold. Pocos días después, funcionarios argentinos y chilenos se reunieron para acordar el tratamiento que recibiría la firma canadiense por explotar Pascua Lama, una de las mayores reservas de agua dulce. El resultado sería gracioso si no indignara: según consta en la denuncia penal los beneficios impositivos para Barrick superaron los 150 millones de pesos.
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