Ciudad A un mes de la tregua ambientalista, la ciudadanía espera el gesto de lo

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El 19 de junio, el pueblo de Gualeguaychú reunido en Asamblea Ciudadana decidió bajarse del kilómetro 28 de la ruta 136 y dio otra oportunidad a la política para que resuelva un conflicto que amenazaba con volverse eterno.

Pero el gesto de Gualeguaychú no es un cheque en blanco para los Estados. Fue una decisión madura que mostró una vez más la paciencia de una ciudadanía que marcha con paso seguro porque a su lucha la asiste una verdad. A saber, la ilegalidad y la contaminación de una planta que nunca debió desembarcar en estas latitudes.
El levantamiento de la barrera en Arroyo Verde no debe ser leído como un signo de debilidad sino como la apertura para que los Estados negocien sabiendo que una sociedad madura espera los frutos de esas políticas.
Pero mientras la ruta permanece despejada, el lobby minero juega a sus anchas junto a camarillas locales que hacen de cómplices en el saqueo y la explotación. El almuerzo en Toronto de la Presidenta con los directivos de la Barrick Gold no fue otra cosa que el alineamiento de su gestión con los pulpos mineros. En la misma lógica se encolumna uno los proyectos de protección de glaciares que, a diferencia del vetado por Cristina Kirchner en 2008, no prohíbe la explotación de las áreas periglaciares. Estos espacios son por lo general los más amplios y los que, casualmente, escogen las mineras para asentar sus negocios a base de la explotación y sin importar la salud de las poblaciones de la zona.
Simultáneamente, varias provincias cordilleranas de signo oficialista se reunieron y emitieron una declaración en la que consideran que los recursos naturales son de las provincias; lo que no está mal, salvo que esos territorios estén gobernados por sectores al servicio de las multinacionales como la Barrick Gold, a las que prorrogan concesiones y otorgan beneficios sin pedir nada a cambio. Aunque poco se ha difundido sobre los acuerdos del Estado con esa firma canadiense, trascendió que esta evitaría pagar retenciones y obtendría mayores beneficios en materia de IVA y rentas.
Estos ejemplos pueden servir para demostrar que en materia ambiental los Kirchner han dado muestras acabadas que gobiernan para unas élites y dan la espalda a los procesos colectivos. Entonces, ¿por qué creerles de que van a hacer lo imposible para que Botnia se vaya de territorio uruguayo cuando se sientan en la mesa con los representantes de pulpos mineros y dan luz verde al saqueo?
De regreso a la realidad que nos atañe, es necesario recordar que Gualeguaychú espera el gesto. Ya pasó un mes de tregua y poco y nada se ha hecho para frenar las bocanadas contaminantes de la empresa colonialista. Como respuesta, los asambleístas se despacharon con que sigue demorado el financiamiento para instalar el laboratorio ambiental tendiente a controlar las emisiones de Botnia. También que sigue con luz verde la causa iniciada por el Ejecutivo nacional contra un grupo de ciudadanos, que terminan criminalizados por el simple hecho de ejercer su derecho de expresión, de reunión y a no renunciar a su derecho a disfrutar de un medioambiente sano.
Cuando se reúnen con las más altas autoridades de Cancillería, por lo bajo los funcionarios dicen que su máxima aspiración es el desmantelamiento de Botnia, pero luego no se animan a repetirlo ante las cámaras. Entre el decir y el hacer hay un abismo de distancia. Pese a que el gobierno calificó la lucha de Gualeguaychú como causa nacional, a la luz de los hechos, Botnia nunca fue su causa. La “innovadora” propuesta del Ejecutivo parece ser que Botnia siga emitiendo su contaminación y que los vecinos se queden en su casa confiando en la voluntad gubernamental.
Eso es precisamente lo que no debe hacer la ciudadanía, dado que se están viviendo instantes cruciales en la lucha. El pueblo debe estar alerta como un centinela sobre lo que se está barajando entre los dos Estados, para impedir que el pregonado monitoreo no sea otro hecho consumado para dar más libertades a Botnia que las que le otorgó el Tratado de protección a las inversiones que Uruguay rubricó con Finlandia.
Algunos pretenden hacer pasar al monitoreo como el gesto hacia las poblaciones ribereñas, principales víctimas de Botnia y la ausencia estatal, cuando en realidad la vigilancia fue un mandato de la Corte Internacional de Justicia.
El gesto no solo debe apuntar a elaborar un control que siga los mejores estándares internacionales y el digesto de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), sino a levantar los verdaderos obstáculos a la integración, erigidos bajo la gestión de Tabaré Vázquez, pero que siguen firmes con Mujica.