14-7-2010
La oposición protestó formalmente en el recinto por la falta de reuniones de comisiones claves que presiden diputados oficialistas. Esta discusión reglamentaria paralizó el desarrollo de la sesión y peligra la aprobación de la ley de Glaciares. |
Con el trasfondo de denuncias por presuntos “vínculos” entre el Gobierno y una empresa minera como telón de fondo, la Cámara de Diputados debate este miércoles la ley de protección de glaciares. No hay acuerdo interno en el bloque K. El mismo miércoles que el Senado trata la ley de Matrimonio Homosexual, la Cámara baja discute un dictamen acordado que insiste en convertir en ley el proyecto de Miguel Bonasso para proteger a los glaciares. Legisladores opositores de provincias mineras no apoyarían a la ley de Glaciares. Con 131 diputados se inició la sesión a las 15.15, sin la presencia del oficialismo. Es decir, el quórum fue conformado solamente por los diputados opositores a pesar de que había un acuerdo. ¿Acuerdos? Un día antes de la sesión, los dirigentes parlamentarios comenzaron a negociar para alcanzar un proyecto intermedio entre las propuestas del diputado de Diálogo por Buenos Aires, Miguel Bonasso y el senador oficialista, Daniel Filmus. A última hora de este martes, los contactos arrojaron los primeros resultados: el proyecto combinará las dos propuestas existentes sobre protección de glaciares, aunque la base principal que desató la polémica que quedó fue el de Bonasso. Sin embargo, el debate en el recinto no será ameno para el oficialismo, ya que la oposición apoya a ley de Glaciares que impulsa el diputado Miguel Bonasso -respaldado por agrupaciones contra la explotación minera- y apunta contra los negocios del Gobierno con las mineras. Pero el presunto acuerdo no fue tal y la oposición está sola en el recinto. Dos proyectos de ley enfrentados Antes del acuerdo, la historia de esta norma tiene origen en un proyecto de la ex diputada Marta Maffei, luego fue impulsado por Bonasso y en 2008 ambas cámaras legislativas aprobaron por una unanimidad la norma de protección de glaciares. Sin embargo, la Presidenta lo vetó en noviembre de 2008 y durante el año pasado no se logró la cantidad de votos necesarios para insistir en el recinto con la ley sancionada por el Congreso. Con el recambio legislativo, los bloques opositores, a pesar de ser de distintas ideologías políticas, son mayoría si logran unificarse contra el gobierno nacional. La ley Glaciares de Bonasso, vetada por la Presidenta, versus la media sanción del Senado de la ley de Glaciares del oficialista Daniel Filmus. Así fue la discusión en la comisión que se centró en el concepto de protección de la zona periglacial y la actividad minera. Por ende, el tratamiento en el recinto de Diputados será un fiel reflejo del debate en comisión. En aquella oportunidad, el oficialismo, los diputados del peronismo salteño disidente Walter Wayar y Marcelo López Arias, Movimiento Popular Neuquino y el PRO firmaron el dictamen de minoría en apoyo a la iniciativa redactada por el senador oficialista Daniel Filmus, que ya tiene media sanción de la Cámara alta. Mientras que la UCR; Peronismo Federal: Coalición Cívica; PS; Gen; Nuevo Encuentro Popular y Solidario; Concertación FORJA; y el interbloque de Proyecto Sur aportaron 23 firmas al proyecto de Bonasso, el cual se convirtió en el de mayoría. Así las cosas, fue clave para lograr el quórum contar con aquellos bloques contrarios a la Casa Rosada pero que, en esta oportunidad, votarían en contra de la ley que apoya el resto de la oposición. Es decir, si el PRO, el bloque Peronista que lidera López Arias y algunos legisladores del Grupo A que son de provincias mineras no asisten a la sesión, sería vital para lograr el quórum la presencia de los bloques aliados al oficialismo que apoyan la ley de Glaciares de Bonasso. En este debate, el panorama parlamentario tiene una leve tendencia favorable a la ley Bonasso, pero existen ciertos riesgos a la hora de conseguir el quórum -129 diputados- y la mitad más uno de los presentes cuando se vote. Sin dudas, el oficialismo no brindará quórum. Cabe destacar que la diferencia central entre ambos proyectos radica en la especificación del ambiente periglacial dentro de los presupuestos mínimos de protección, cuya extensión desató el cuestionamiento por parte de las provincias cordilleranas con explotaciones mineras y desencadenó el veto presidencial. Obviamente, la norma que propone Bonasso es la más restrictiva. La denuncia Al debate específico por la ley, se suma la denuncia de la oposición que encabeza Elisa Carrió (Coalición Cívica) contra la Presidenta y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, por supuestos negocios y estrecha vinculación con la empresa minera Barrick Gold. La líder de la Coalición Cívica, la diputada nacional Elisa Carrió se presentó en Tribunales de Comodoro Py, junto con los diputados nacionales Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Fernanda Reyes (CC), para ampliar la denuncia que investiga el veto a la Ley de Protección de Glaciares por las vinculaciones entre el Poder Ejecutivo Nacional, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja y la empresa minera canadiense Barrick Gold , donde sostuvo que “es necesario que se investigue a la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner por posible tráfico de influencia a favor de la Barrick Gold ante la posibilidad de un acuerdo tributario secreto entre el Estado Nacional y esta empresa”. “Vienen por el agua y nosotros no vamos a ser cómplices como los son (José Luis) Gioja y (Daniel) Filmus del saqueo del recurso natural más preciado por el mundo”, agregó. “Es escandalosa la foto de la Presidente en Canadá con el presidente de la Barrick Gold”, afirmó la legisladora. “Si está claro que (José Luis) Gioja es Barrick Gold, debemos investigar si Cristina Fernández también lo es”, aseguró Carrió. Por su parte, la diputada Reyes manifestó que “hay un tercer país que se está generando en torno a la mega minería con reglas y policía propia. El Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales están permitiendo el avance de la Barrick Gold sobre la soberanía Nacional”. La ampliación de la denuncia presentada este miércoles tiene que ver con el encuentro que mantuvo la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner con el CEO de la Barrick Gold, Peter Munk, el pasado 26 de junio en Canadá, y con un acuerdo tributario secreto que otorga un tratamiento fiscal extraordinario a la empresa minera que los diputados pidieron se investigue con qué justificación se le otorga. |
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