Julio 13th, 2010
La Ley de Glaciares generó conflicto con el sector minero, ante esta situación, lideradas por San Juan, ocho Provincias Andinas firmaron días atrás, en Buenos Aires una declaración conjunta para que cada legislatura decida sobre el marco legal que regule los trabajos de ingeniería en el entorno físico de sus glaciares y no se rija por una Ley Nacional que no contemple las necesidades y políticas planteadas por los estados provinciales.
En dicha reunión dieron su palabra para adherir el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el de La Rioja, Luis Beder Herrera; el de Jujuy, Walter Barrionuevo; legisladores de la provincia de Catamarca; y representantes de Río Negro. En tanto, por San Juan lo hizo el vicegobernador Rubén Uñac –el gobernador José Luis Gioja está de viaje–, con el apoyo de Santa Cruz y Neuquén, que ya ostentan una normativa del mismo carácter.
Los gobernadores se comprometieron a realizar inventarios provinciales de glaciares, con el fin de conocer adecuadamente el potencial geológico e hídrico de la cordillera, planificar acciones futuras, el monitoreo permanente y la utilización de sus recursos.
En tanto, la organización interprovincial Conciencia Solidaria integrada por el grupo cosmosófico UKASIM (http://www.grupouksim.com.ar/), hizo un reclamo ayer a la presidenta Cristina Fernández “por estar profundamente perjudicados por la actividad mega minera”. Por eso, le pidieron que comparta un almuerzo con pobladores de localidades con emprendimientos de mega-minería, para que expresen sus quejas por las complicaciones que esos proyectos pueden generar al ambiente.
Mientras tanto, los diputados Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), Elisa Carrió y Fernanda Reyes (Coalición Cívica) pidieron ayer a la justicia federal que investigue “si los vínculos que al parecer mantienen funcionarios nacionales y de San Juan con la empresa Barrick Gold ayudaron a la compañía a lograr un convenio tributario especial, al amparo del veto presidencial a la ley de protección de glaciares”. Incluso Carrió pidió “que se investigue a la presidenta Kirchner por posible tráfico de influencia a favor de Barrick”.
Por su parte, el senador César Gioja, a quien diputados de Diálogo por Buenos Aires y Coalición Cívica, cuestionaron como posible proveedor de Barrick, anticipó que pedirá su “sobreseimiento en la causa, por no estar procesado, ni involucrado”. Por su parte la empresa canadiense Barrick emitió un comunicado en el que indicó: “Todas nuestras operaciones se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente, y nuestra gestión ambiental está certificada bajo estándares internacionales, como las normas ISO 14001”.
La Provincia de Catamarca debe legislar cuanto antes una normativa sobre glaciares
El gobernador Eduardo Brizuela del Moral rubricó anoche la declaración de las provincias cordilleranas sobre la afirmación de sus competencias en materia de cuidado ambiental, que algunos de sus pares habían firmado el martes en Buenos Aires. Por medio de ese documento, se comprometió a enviar cuanto antes un proyecto de ley a la Legislatura, para garantizar a la provincia el control y cuidado del medio ambiente en las zonas de los glaciares y periglaciares, pero sin restringir las actividades productivas.
La intención del Gobierno de la Provincia es que el proyecto sea tratado en el menor tiempo posible, para que Catamarca pueda contar con un complemento de la iniciativa que sería convertida en ley la semana próxima por la Cámara baja de la Nación.
Ése fue el acuerdo al que arribaron los mandatarios de las Provincias Andinas, para garantizar que la protección del medio ambiente no interfiera con la producción, fundamentalmente de la minería. Es que ante la avanzada nacional para regular sobre el tema, luego del veto presidencial del año pasado, se consideró que el establecimiento de los presupuestos ambientales mínimos por parte de la Nación debe limitarse a fijar legislación de base, “quedando como competencia de las provincias, las atribuciones de legislar por encima de ello y establecer parámetros ambientales más rigurosos de acuerdo a su especial situación”.
El modelo de normativa que se replicará en las Legislaturas de toda las provincias firmantes propone la puesta en marcha de un inventario local de glaciares, y el establecimiento de “un contenido mínimo obligatorio dedicado a glaciares y aplicable sin discriminación a todas las actividades que se proyecten en los mismos”. Así mismo, prohíbe “aquellas actividades proyectadas en glaciares cuya ejecución, según la evaluación de impacto ambiental respectiva, impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance degradando las funciones como reservas estratégicas de recursos hídricos o proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas“.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros respalda a las Provincias Cordilleranas
CAEM RESPALDA LA VOCACIÓN POLÍTICA DE LOS GOBERNADORES PARA DESARROLLAR LA MINERÍA Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros expresa a la opinión pública que respalda plenamente la Declaración de los Gobernadores de las Provincias Cordilleranas que reafirmaron “sus competencias en materia de cuidado ambiental” comprometiéndose a garantizar el desarrollo minero con criterios sustentables, ejerciendo su potestad política en cada territorio provincial y su decisión de actuar en forma eficiente en el ejercicio de la autoridad de control sobre los recursos naturales tal cual lo establece la Constitución Nacional.
La CAEM considera necesario llevar a la opinión pública una voz firme para denunciar que los ataques a la minería tienen connotaciones políticas oportunistas propias de quienes intentan forzar los tiempos institucionales y la naturaleza de los poderes públicos de la República para torcer y frustrar la vocación de progreso de las provincias que cuentan con recursos naturales distintos de los que existen en la Pampa Húmeda y en los centros urbanos industrializados.
La insensibilidad de estos ataques políticos pone en riesgo las fuentes de trabajo para más de 300.000 argentinos vinculados a la industria minera, algo que no puede ser aceptado como un “daño colateral” de la competencia política, algunos de cuyos protagonistas evidencian desconocimiento acerca de cómo se trabaja en las minas (con profesionales argentinos capaces, tecnologías de punta y máximo cuidado ambiental) y de los estrictos controles de las Autoridades de Aplicación provinciales.
El debate sobre las condiciones del desarrollo minero en el país no debe ser utilizado como un arma letal contra la actividad minera porque estaríamos permitiendo que la Argentina pierda un pilar imprescindible para que la economía nacional alcance su plena industrialización con el uso de materias primas nacionales, producidas por trabajadores, profesionales argentinos y empresas que tienen pleno derecho constitucional al ejercicio de sus oficios, profesiones y actividades productivas ajustadas en todo a las leyes vigentes. (NOA Press)
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