La guerra por la minería en Andalgalá

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“Es preciso que los argentinos respondamos con firmeza frente a las violaciones de derechos humanos que está sufriendo el pueblo catamarqueño por expresar su opinión y rechazo al modelo económico que se le impone. Al menos deberíamos preguntarnos por qué Andalgalá se niega a recibir los suculentos beneficios que publicita esta clase de minería. No debemos olvidar que es precisamente en Catamarca en donde se ubica la Alumbrera, la primera explotación minera de oro a cielo abierto más grande de la Argentina. ¿Por qué rechazan nuestros hermanos de Catamarca, con experiencia, esta supuesta lluvia de riquezas? ¿Será que las riquezas llueven pero no sobre Catamarca?” - Romina Picolotti, Presidente CEDHA.

Por Jorge Daniel Taillant Presidente Soluciones Sustentables y Asesor Estratégico, Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) Las estoicas movilizaciones multitudinarias por parte de la comunidad de Andalgalá Catamarca demuestran su legítimo desacuerdo con un modelo económico basado en la explotación minera, sin claros beneficios locales, y con altos y comprobados riesgos sociales y ambientales. Claramente, aún no hemos resuelto, como sociedad y menos como gobierno, el modelo económico que queremos respecto a la explotación del recurso mineral a supuesto beneficio de la sociedad en general. Y mientras no lo hagamos, mientras sigan los intereses que defienden el modelo actual minero, basado en la promoción y no en el control y la sustentabilidad del sector, y mientras los decisores no abran sus decisiones a un debate plural, participativo y democrático, lamentablemente es probable que seguiremos viendo escenas de violencia como la de Andalgalá repetirse cada vez que hay un gran emprendimiento extractivo en nuestro país. Frente al pueblo unido y movilizado por su derechos, se yergue una vez más el poder insensible de manera escalofriante. La policía provincial y la Gendarmería Nacional reprime a la multitud por expresar su legítima opinión y rechazo al modelo minero impuesto por el gobernante de turno, y por la precipitación abrupta y desesperada de los negocios mineros internacionales, que ven en nuestras montañas surgir un enorme arco iris minero llevándolos a una gran y radiante vasija llena de monedas de oro y plata. Pero como todo arco iris, a medida que uno se acera, se desvanece, y nos encontramos con la cruda realidad, el pueblo cansado del cuento del oro y del moro, un pueblo que busca, ante todo, sus propios intereses locales, empezando por la protección de su salud y de sus recursos naturales, además de su propio bienestar económico. Y está bien que así sea. Sucede que muchos de estos emprendimientos de minería a gran escala prometen beneficios cuantiosos, como fue el de La Alumbrera, el emprendimiento de oro más grande de la Argentina que llegó hace más de 10 años. Las comunidades reciben y aceptan a estos emprendimientos con promesas de crecimiento, y luego el único oro que ven pasa en grandes camiones de empresas multinacionales, que se cargan en terrenos privados, llenan sus tanques de combustible en estaciones propias, arreglan sus motores en talleres propios, y luego parten por caminos propios por los que no pasa nadie más, hacia el exterior, para que otros aprovechen su valor y retorno. Pero el emprendimiento, la empresa y el gobierno de turno aseguran que los beneficios están a la vista, que las platas entran a las arcas del gobierno y se convierten en obras, que respecto a los impactos en la salud y en el ambiente, está todo bien y que está absolutamente resuelto la cuestión del modelo, cuando en realidad no lo está. Todo esto hace pensar en la reciente película AVATAR, donde se desata una guerra campal en el Planeta Pandora, entre la comunidad local indígena, los Na’vi, y fuerzas armadas privadas invasoras que defienden a ultranza a la empresa RDA en su extracción de mineral precioso, unobtanium, por no decir oro. En Catamarca, no estamos tan lejos del mundo fantástico y bélico de Pandora que propone 20th Century Fox y el Director James Cameron. Yamana Gold declara en su página de Internet que el emprendimiento de Agua Rica es un “proyecto excepcional”, siendo uno de los depósitos de cobre y oro más importantes del mundo. Lo mismo se dijo de La Alumbrera en su momento. El depósito mineral debería ser un tema de orgullo y festejo para los catamarqueños. Pero, en la realidad, está claro que no lo es, y que los beneficios de su explotación no pasan ni quedan por la comunidad local. Como vemos una y otra vez en la República Argentina, la bendición del mineral en la montaña esconde secretos nefastos, es una bendición maldita que genera pleito, resistencia, agresión y represión. No es la primera vez que el pueblo se levanta en contra de proyectos mineros multinacionales y, lamentablemente por la paz y bienestar de nuestras comunidades, dudo que sea la última. Las empresas mineras que operan en el país parecen hacer oídos sordos a la protesta local. Mientras casi 5.000 personas marchan a la plaza (en un pueblito de escasos habitantes) repudiando los proyectos de Mina La Alumbrera y de Agua Rica que se viene (ambos de Yamana Gold), la empresa sostiene, en su página de Internet, que ya obtuvo la Licencia Social (supuestamente en el 2009) necesaria para avanzar con el emprendimiento. También informa a sus inversores que Catamarca es una provincia “amigable a la minería”.[1] ¡Parecería que Yamana Gold habla de otra provincia, de otro emprendimiento! Las escenas que vimos de represión, violencia, balas, palos, insultos, encarcelamientos, heridos y movilización, describen un escenario diametralmente opuesto a una provincia “amigable a la minería”. ¿Cómo podemos sostener una diferencia de puntos de vista tan abismal entre el pensar del pueblo y el pensar del proponente del proyecto? ¿Debemos pensar que todo emprendimiento minero tendrá un fin infeliz de este tipo, que siempre generará desconcierto con la comunidad? ¿Es como dijo el Vicepresidente de la CFI del Banco Mundial, Lars Thunnel cuando trataba de convencer a su Directorio que financie a la controvertida paster Botnia, refiriéndose al conflicto social desatado en Gualeguaychú por la instalación de la pastera, “Si debemos pararnos cada vez que hay una protesta social nunca haríamos ninguna inversión”? ¿Es un fatalismo minero certero e inevitable pensar que la comunidad siempre estará en contra y que, por lo tanto, los programas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de la empresa deben ser orientados para repartir beneficencia con el fin de ganarse al público y generar, aunque sea, mínimos sentimientos de apoyo en la sociedad local, y algún valor agregado en actividades y necesidades secundarias? ¿Es la filantropía empresaria repartida por programas de RSE como los de Yamana y Barrick simplemente una acción para tranquilizar a las conciencias de sus inversores que necesitan creer que sus inversiones, a pesar de generar discordias y causar severos impactos sociales y ambientales, de alguna manera sí atienden a las necesidades de las comunidades donde invierten? En Andalgalá, Yamana proclama que ayuda a fomentar a 14 emprendimientos económicos, que incluyen procesamiento de comida, artesanías, ropa, zapatos, flores, y plantas. ¿Ese es el gran aporte de la minería en gran escala para Catamarca? ¿Ese es el gran desarrollo económico que trae la explosión y desaparición de montañas y los serios riesgos sociales y ambientales que supone la activad minera a gran escala? Parte del problema radica en que la empresa es defendida no solamente por su propio afán de generar ganancias y su gran poderío material y económico, sino que también el mismo gobierno la defiende y escuda a sus intereses. En este caso, tanto el gobierno Provincial como el Nacional, argumentan que la minería es la solución al desarrollo, y es el mismo gobierno en realidad el que le da la licencia operativa a la empresa. Pero veamos qué licencia. El dilema está en aquello que aprendimos a llamar “licencia social”, término que empezó a escucharse con el conflicto que se desató con Merídian Gold en Esquel, y que explotó en la sociedad Argentina y quedó para permanecer con el más reciente y aún latente conflicto en Gualeguaychú, por la instalación de la pastera Botnia sobre los márgenes del Río Uruguay. Para algunos, la licencia social es un proceso de comunicación y aceptación legítima de la comunidad, que debe otorgarse implícitamente y a través de la construcción de confianza de la empresa con sus stakeholders (afectados) y la comunidad. Para otros, la licencia social es un mero peldaño en un proceso burocrático, que opera como si fuera un certificado firmado por la autoridad competente, que se otorga luego de publicar un aviso en la biblioteca local con letra chica y no muy visible, y realizar un encuentro donde llegan escasas voces (preferiblemente favorables o que no llegue nadie); finalmente se da por concluido la “consulta pública” con una declaración como la que manifestó Botnia y la CFI antes de que marcharan 50.000 argentinos y uruguayos en su contra: “el proyecto tiene amplio apoyo público”, decía Botnia y la CFI al Directorio del Banco Mundial, pidiendo que por favor financien. Aquella marcha, rechazando categóricamente la licencia social para Botnia, fue la movilización más grande de la historia contra un proyecto financiado por el Banco Mundial; luego le sucedieron marchas de 80.000 y 100.000 personas. La movilización en Andalgalá del otro día, en términos comparativos, por la cantidad de habitantes de la zona, fue tan o más grande que la de Gualeguaychú, pero en su esencia, apunta a lo mismo: Yamana Gold no tiene licencia social para operar en Catamarca y, seguramente, nunca la tendrá. No es casual que la CFI del Banco Mundial redujera en sus políticas de salvaguarda la relevancia y preponderancia de la licencia social de “consulta y consentimiento previo” a “consulta previa”, vaciando al principio de la licencia social su carácter de “vinculante” que portaba previamente. Lo que sucede es que los movimientos sociales locales preocupados por el impacto social y ambiental de la actividad industrial en gran escala, como los de Gualeguaychu, Andalgalá, Esquel y otros, son cada vez más importantes, más fuertes, más informados, y más efectivos, y ésto aterroriza a personas como Lars Thunnel de la CFI y a otros empresarios en industrias controvertidas como la minera, que ven su mercado y sus oportunidades reducirse (o hacerse más costosas) de manera directa y proporcional con el crecimiento del poder incisivo de la democracia y de la participación local. Lo que está claro es que, si bien estos emprendimientos consiguen sus licencias operativas del gobierno local de turno, la licencia social no está en la legítima órbita del gobierno para ser concedida. Entonces, cuando Yamana Gold dice que opera en “jurisdicciones amigables a la minería”, en parte tiene razón: la jurisdicción formal gubernamental es favorable, la empresa es invitada, es exonerada del pago de impuestos, es fomentada, es protegida, y es otorgada todos los permisos necesarios desde el punto de vista operativo y procesal. Pero ésto no es licencia social. Y aquí radica el problema de tantos emprendimientos, empezando por Esquel y pasando por Veladero, Pascua Lama, Famatina, La Alumbrera y ahora Agua Rica, entre muchos más. Acá también reside la esquizofrenia y las profundas contradicciones, y el desequilibrio de poder entre instituciones y políticas públicas del Estado para promover, por un lado, a la minería y, por otro lado, su control. El problema está en que la fuerza política y el poderío político económico se encuentran inclinados hacia la promoción de la minería. Como país, queremos minería, y como provincias, acomodamos nuestra legislación y nuestras instituciones del Estado para asegurar inversión y explotación del recurso mineral. Pero, por otro lado, el mismo Estado, que no es monolítico, mezquina en cuanto al control de la industria. La Secretaria de Minería, en asuntos mineros, tiene infinitamente más poder que su par ambiental en la misma temática. Y, en algunos casos, hasta puede ser que el primero esté por encima del segundo en el organigrama político institucional, es decir, que un Secretario de Ambiente provincial responda a las órdenes de su par en minería. Entonces, ¿dónde queda la comunidad local que depende de la efectividad del control ambiental de la minería para garantizar sus derechos? Francamente, queda abandonada. Las instituciones del Estado, tanto provinciales como nacionales, no están empoderadas para interceder en el control efectivo social y ambiental de la minería, sino que están subordinadas políticamente para que siempre gane la promoción por encima del control ambiental o social. Por eso el repudio, por eso el rechazo, por eso la oposición. Es imposible hacer lo que nos propone Barrick Gold, “Minería Responsable”, si las instituciones que garantizan la responsabilidad están despojadas de sus herramientas de control. No es Barrick Gold quien debe garantizar la “minería responsable”. Barrick puede intentar hacer minería responsable, pero es el Estado el garante de esa responsabilidad, y si el Estado no asume ese deber, entonces la eventual víctima queda absolutamente desamparada. No podemos hacer minería sustentable si los que tienen la responsabilidad sobre la sustentabilidad del asunto no tienen herramientas, libertad, independencia, poder (y, en algunos casos, intención) para cumplir con su propósito. Ésto fue claro con la vetada Ley de Glaciares por el gobierno nacional, donde el interés minero triunfó y opacó a la intención legislativa de la preservación del crítico recurso hídrico de los glaciares andinos. Fue claro también cuando Romina Picolotti, entonces Secretaria de Ambiente de la Nación, y actual Presidente del CEDHA, quiso incidir en el control de la minería y se encontró con fuertes resistencias del sector, tanto de las empresas como de los sectores gubernamentales provinciales y nacionales responsables en la materia. La máxima autoridad ambiental nacional se enfrentó también con un marco legal viciado en contra del control, y con un escenario político que se resistía y se resiste a condicionar a la actividad minera al cumplimiento de la normativa ambiental, al principio precautorio, a la garantía de los derechos humanos básicos y a la responsabilidad del sector en materia social y ambiental. Ciertamente, las secretarias de minería provinciales (o su equivalente), como la de la Nación, son fundamentalmente pro-mineros. No hay nada malo con esto; es legítimo y aceptable que estas reparticiones del Estado lo sean, y también que las personas que ocupan cargos en dichas reparticiones estén convencidas de que el desarrollo económico y social puede venir de la mano de la explotación de minerales en montaña. Evidentemente, y posiblemente con justa razón, piensan que los riesgos de impacto ambiental de la minería son superables. Y eso también no debe ser tema de diferendos. El problema radica que, en la práctica, lo que vemos no condice con lo que hay. Vemos riesgos que se transforman en hechos de impacto que no son controlados o que son ignorados o tolerados. Y vemos resistencia feroz gubernamental y privada cuando se quiere incidir en el control. Vemos ganancias que no parecen repartirse entre los que más lo necesitan. Vemos sectores de la sociedad que crecen y otros, como Catamarca, que son motores de explotación mineral que se estancan en sus niveles de pobreza y subdesarrollo. Entonces parece absolutamente legítimo que la comunidad de Catamarca, nuestra propia versión de la comunidad Avatariana Na’vi, le diga basta a las promesas de la Alumbrera, y que le ponga el freno a Agua Rica y a las autoridades públicas que defienden al modelo de Agua Rica, no por ser Yamana Gold mejor o peor que Barrick, sino porque el modelo minero que hemos elegido, o que han elegido por nosotros algunos gobernantes, francamente, no nos sirve. Parece absolutamente legítimo que la comunidad se levante en contra de inversiones y políticas públicas vacías en sus promesas de ganancia y desarrollo, cuando durante 10 años demostraron, con la mina La Alumbrera, que el desarrollo no llega, pero que el impacto negativo, el riesgo y la pobreza permanente sí. El modelo económico de la minería a gran escala en la República Argentina, si bien está construido en una lógica constructiva y positiva que supone que el beneficio de la explotación es el crecimiento, en la realidad, los hechos no dan testimonio que así sea, y la evolución del sector está generando, de manera sistemática y creciente, rechazos fuertes y nocivos en la sociedad, lo que debe preocupar no solamente a los gobiernos nacional y provinciales, sino también a los inversionistas y a las multinacionales que pretenden invertir en este sector en el país. Vemos crecer las manifestaciones, vemos violencia y balas de goma, vemos agresiones, fuego, gases lacrimógenos, y demás disturbios. La minería internacional, debemos decirlo, en Argentina, y sobre todo en lugares como Catamarca, no trae ni paz ni tranquilidad, ni desarrollo ni sustentabilidad, ni amigos; hasta ahora trae conflicto. Si los decisores públicos, las legislaturas, los políticos provinciales, los gobernadores, los secretarios de minería, el gobierno nacional y las mismas empresas, no ordenan mejor sus prioridades en sintonía con las prioridades de las comunidades locales, y no empiezan a tener en cuenta los vacíos sociales, ambientales y económicos que deja la minería en gran escala en el país, seguiremos generando conflicto, y el mundo fantasioso que nos propone James Cameron en AVATAR se terminará por convirtiendo en nuestra realidad, si ya no lo es.