lunes, 5 de julio de 2010

El doble engaño en el cobre

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Francisco Marín

VALPARAÍSO, CHILE.- Dotado de una privilegiada oratoria y gran carisma, Jorge Lavandero fue electo cuatro veces diputado –la primera en 1957 a los 24 años– y otras cuatro como senador. Ganó todas las elecciones a las que se presentó.

Aunque en los inicios de su carrera política militó en el Partido Agrario Laborista y en el Partido Democrático Nacional, el grueso de su carrera política la hizo en Democracia Cristiana, partido que lo suspendió de su militancia en enero de 2005, luego de que la justicia chilena comenzó a investigarlo por supuestos abusos sexuales contra menores de edad.

A pesar de que fue un outsider dentro de Democracia Cristiana, en diciembre de 1982 fundó el Proyecto Democrático Nacional (Prodem), movimiento que unificó a gran parte de las fuerzas que se oponían a la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet.

A finales de 1983, en plena época de protestas, fundó el diario Fortín Mapocho, que pronto se transformó en el más leído del país. Este medio fue condenado a muerte por los gobiernos de la Concertación de los Partidos por la Democracia (1990-2010), que se negaron a darle publicidad oficial y, en contrapartida, apoyaron con recursos al derechista El Mercurio.

La noche del 20 de marzo de 1984, cuando transportaba documentos que comprobaban malversaciones de recursos cometidas por Pinochet, relativas a la adquisición por parte del general de una lujosa mansión en El Melocotón, cerca de Santiago, un comando de la agencia Central Nacional de Informaciones (CNI) lo interceptó. Los agentes le propinaron una golpiza que le fracturó el cráneo. Lo dejaron cuando lo creyeron muerto. Agonizó durante 14 días. Aunque se recuperó, perdió la audición de su oído izquierdo.

En entrevista con Proceso, Lavandero sostiene que el complot del que fue víctima “tiene su raíz en la larga batalla que he dado por la defensa y recuperación del cobre chileno”. Subraya que las ventas chilenas de este mineral representan 50% del cobre que se transa en los mercados internacionales. “Esto es una riqueza invaluable. Sin embargo, no nos sirve porque las trasnacionales se lo roban”.

Lavandero, afirma “que ya no queda duda de que el golpe militar contra Salvador Allende fue financiado por la CIA y las grandes multinacionales del cobre”. Sostiene que el dictador “retribuyó esos favores reprivatizando el cobre, lo que contrariaba la Constitución que él mismo aprobó en 1980”.

Alude a la promulgación del Código de Minería (1981) que entregó la concesión plena de los yacimientos a las trasnacionales. Esta ley fue promovida por José Piñera, entonces ministro de Minería y quien es hermano del actual presidente, Sebastián Piñera.

El exparlamentario relata que cuando llegó la Concertación de Partidos por la Democracia al poder, en marzo de 1990, comenzó a insistir con el tema del cobre. “Y como la Concertación fue la continuadora económica de Pinochet, hizo oídos sordos. Entonces –recuerda– recorrí el país, instalé el tema del robo que hacen las trasnacionales del cobre. Denuncié que éstas no pagan impuesto ni pagan la renta minera (royalty) y que se llevan gratis el cobre, que es un recurso no renovable. También escribí libros sobre el cobre”.

Cuenta que a mediados de 2000, en momentos en que era presidente de las comisiones de Minería y Hacienda del Senado, emisarios de la trasnacional Barrick Gold lo invitaron a una cena que se llevó a cabo en el restaurante La Maison de France. La cena tenía el propósito de “pedirme que votara favorablemente el Tratado Minero Chileno Argentino por medio del cual se buscaba explotar Pascua Lama, el yacimiento de oro más grande del mundo”.

Los asistentes a esa cita fueron los ejecutivos de Barrick, Sergio Jarpa y José Antonio Urrutia. También estuvo el destacado político demócrata cristiano Marcelo Trivelli y Pilar Velasco, hija de Belisario Velasco, quien integró el gabinete de los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet. Trivelli y Pilar Velasco cabildeaban a favor de la trasnacional a través de la empresa de comunicaciones Extend. Lavandero asistió acompañado de Carlos Tomic, Hugo Latorre y el economista Julián Alcayaga.

“Yo les dije –añade Lavandero– que votaría en contra de ese proyecto por la sencilla razón de que ellos (los ejecutivos de Barrick) cuando habían sido dueños de la mina El Indio (próxima a Pascua Lama) la habían explotado hasta agotarla y que nunca pagaron ni un centavo a Chile como compensación por el mineral extraído. Entonces Urrutia dijo, ‘pero cómo va a hacer eso, si el proyecto es muy bueno. Si lo hicimos nosotros mismos y se lo entregamos a Eduardo Frei Ruiz Tagle y a Eduardo Menem’.”

Lavandero dice que “ante esa afirmación yo me puse de pie y le pedí a mis asesores que nos retiráramos. Previamente dije que ‘yo no acepto que se venga a legislar por una multinacional extranjera a favor de sus propios intereses a través del presidente argentino y del presidente chileno’.

“Después supe que en la Barrick Gold estaban Andrónico Luksic (uno de los hombres más ricos de Chile), Gustavo Cisneros (magnate venezolano), George Bush (padre) y Peter Munk.”

Tributaciones mineras

Poco antes de que se concretara su condena penal, Lavandero presidía la Comisión Especial sobre Tributación de las Empresas Mineras. En su informe final, aprobado por el pleno del Senado en enero de 2004, esta comisión reveló que 45 de las 47 grandes empresas mineras que operan en Chile ocupan diversos subterfugios con el fin de declarar pérdidas operacionales y no pagar impuestos. A partir de ese informe, se desató un fuerte debate público en el que se consensuó respecto de la necesidad de cobrar un royalty a las mineras.

Un año después, en mayo de 2005 –cuando Lavandero había sido desaforado como senador y anulado políticamente fruto de las imputaciones en su contra–, el presidente Ricardo Lagos consiguió aprobar la Ley 20.026, conocida como la Ley del royalty.

El presidente del Comité de Defensa del Cobre, Julián Alcayaga, asevera, en entrevista con Proceso, que esa ley fue un “doble engaño” a la opinión pública. “El primer engaño deriva del hecho que no se aprobó un royalty o regalía minera, sino un simple impuesto específico a la minería. El segundo engaño es más desconocido, puesto que esa ley en vez de aumentar los impuestos les rebajó la tributación a las mineras”.

Lavandero explica: “Lagos engañó a todo el país al decir que había aprobado un royalty y eso es una falsedad: lo que hizo fue bajarle los impuestos a las multinacionales extranjeras (…) Éstas tenían que pagar 42% de impuestos de acuerdo con el Decreto Ley 600. No lo pagaban. Pero cualquier gobierno se lo podía exigir. Y qué hizo Lagos: lo bajó a 35% y le colocó un impuesto de 4% disfrazado de royalty, con lo que les dejó un impuesto final de 3% menos del que tenían.

“Y lo que es más grave: les dio a esas empresas invariabilidad tributaria hasta el 2017, lo que implica que hasta ese año Chile no podrá subir los impuestos a esas empresas.”

El presidente Sebastián Piñera implementa una política muy similar a la del presidente Lagos: aparentar que busca subir los impuestos a las mineras, cuando en verdad pretende bajarlos. En el contexto de su Plan de Reconstrucción Nacional, cuyas medidas son actualmente discutidas en el Congreso Nacional, planteó aumentar el royalty a las mineras.

Alcayaga refuta esta versión: “en efecto, el proyecto de Piñera plantea aumentar moderadamente el royalty durante los años 2011 y 2012, a lo sumo en 700 millones de dólares en esos dos años. Pero como ese aumento no se les puede aplicar a las mineras gracias a la invariabilidad de la Ley 20.026, dicho incremento se haría efectivo siempre y cuando las mismas empresas mineras acepten voluntariamente ese muy moderado aumento del royalty”.

Para motivarlas a aceptar eso, el plan de Piñera prevé un regalo: les prorrogaría por otros ocho años la actual invariabilidad tributaria. “El escándalo nace –afirma Alcayaga- del hecho que se les aumenta el royalty en unos 700 millones de dólares por los años 2011 y 2012, y al mismo tiempo se les permite un ahorro en el pago de royalty en ningún caso inferior a los 2 mil 500 millones de dólares anuales a partir del año 2018”.

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